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The Economic Case for Greening the Global Recovery through Cities: Seven priorities for national governments

As the year 2020 has unfolded, COVID-19 has rapidly shifted from primarily being a public health emergency
to becoming a full-blown economic crisis. Economies around the world have ground to a halt, with billions
of people home-confined, often at the cost of their jobs, education and economic security. Although the full
economic consequences remain to be seen, the crisis is projected to cause a cumulative loss of over US$12
trillion to the global economy over two years (2020–21).

Current estimates for job losses by the end of June 2020 are the equivalent of 400 million full-time jobs (14% of
working hours), based on pre-crisis employment levels², while 28% of the global workforce – 1.25 billion people –
work in sectors at risk.³ It is not just formal employment that has been hard hit. In the global south, up to 80% of
urban employment is in the informal sector.

El empleo en un futuro cero emisiones netas en América Latina y el Caribe

La pandemia del coronavirus ha expuesto de manera muy cruel la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Los preocupantes niveles de desigualdad han hecho que la COVID-19 haya golpeado de manera severa incluso a
los países más prósperos de América Latina y el Caribe. Los trabajadores del sector informal, que representan
el 49% del empleo no agrícola, se han visto gravemente afectados por las medidas de confinamiento y distanciamiento social, que han limitado o detenido temporalmente sus medios de subsistencia. Además, los déficits
generalizados de protección social y empleo decente hacen que la región sea muy vulnerable a esta situación.
Sin embargo, a medida que los países trabajan para proteger a los ciudadanos del coronavirus, salvaguardar sus
economías y prepararse para la fase de recuperación, la transición hacia una economía verde ofrece la promesa de
crear 15 millones de nuevos puestos de trabajo netos en América Latina y el Caribe.

Una recuperación verde e inclusiva es esencial para ayudar a enfrentar la crisis climática y construir un futuro mejor.
Si no actuamos ahora, esas mismas vulnerabilidades que expusieron a los trabajadores y a las empresas a la
pandemia los expondrán a las crisis climáticas. La OIT estima que se podrían perder 2,5 millones de puestos de trabajo en América Latina y el Caribe solo a raíz del estrés térmico por calor hacia el año 2030, afectando particularmente a las personas que trabajan al aire libre en agricultura, construcción y ventas ambulantes. El BID proyecta que para 2050, los daños causados por el cambio climático podrían costarle a la región USD 100.000 millones anuales.