La movilidad eléctrica en una Latinoamérica y el Caribe post-covid
La pandemia ha presentado enormes retos para la movilidad en la región que se pueden convertir en una ocasión para implementar modelos limpios de transporte.
En los años 80s y 90s, el escenario de la movilidad urbana en el futuro se imaginaba como ciencia ficción. Vehículos voladores como los del Quinto Elemento, taxis autónomos como el que presentaba El Vengador del Futuro, o grandes y enrevesadas autopistas de alta velocidad como las que mostraba Yo, Robot. Más recientemente, y gracias al trabajo de una lista incontables de organizaciones a todos los niveles, la visión del futuro urbano se acerca a la visión de Jan Gehl basado en el espacio para las personas y las ciudades de “15 minutos” donde todas las necesidades básicas diarias pueden ser cubiertas en un radio que se pueda cubrir caminando a 15 minutos de la vivienda. La COVID-19, sin embargo, pone sobre el papel la necesidad de implementar cambios en la forma en que nos transportamos y acelerar las acciones que deben llevarse a cabo para transformar las ciudades hacia una visión más sustentable.
La llegada del nuevo coronavirus ha tenido un impacto negativo profundo en la economía mundial, y en específico ha sido especialmente fuerte en Latinoamérica y el Caribe. Gustavo Máñez, Coordinador de Cambio Climático en la Oficina para América Latina y Caribe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, sostuvo durante el I Congreso de Movilidad Sostenible de Andemos que, en una región donde la contracción del empleo ronda el 9.5% y se estima que habrá 37 millones de desempleados, la transición a una movilidad eléctrica es fundamental para la creación de empleos.
El experto en cambio climático señaló el Plan de recuperación para Europa como ejemplo de la relevancia de la electrificación del transporte para la superación de la crisis económica derivada de la COVID-19. Uno de los pilares fundamentales de la estrategia es el Pacto Verde Europeo, que contempla incentivar la renovación del parque automotor del continente y la construcción de un millón de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Bruselas considera que la enorme inversión necesaria para la reconversión tecnológica implica la apertura de cientos de puestos de trabajo. La hoja de ruta verde plantea, incluyendo la electrificación automotriz, la creación de un millón de nuevos empleos en el continente.
En materia de movilidad es donde existen los mayores retos. Mientras sectores como la industria y la generación eléctrica han presentado disminuciones en las emisiones, el transporte, por el contrario, ha registrado un aumento. En Latinoamérica y el Caribe, el transporte genera el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según un reporte del Pnuma.
La respuesta sanitaria a la crisis de la COVID-19, sin embargo, presenta una oportunidad para acelerar la transición a un modelo limpio que, de ser bien estructurado, convertiría los desafíos de la movilidad en soluciones.
Contaminación del aire y COVID-19
La llegada de la pandemia del coronavirus ha evidenciado las implicaciones directas que los problemas de salud públicos tienen sobre los sistemas de transporte. La necesidad de tomar medidas de distanciamiento social ha conllevado a que se privilegien alternativas como la movilidad individual en medios amigables con el ambiente como son las bicicletas. Otro efecto, tal vez menos deseable, es la predilección del uso del automóvil particular por sobre sistemas masivos. El uso del transporte público bajo entre el 53% y el 79% en Latinoamérica y el Caribe.
La bicicleta, la patineta eléctrica o el caminar, son alternativas que reducen la congestión vial y hacen, en general, más amigable el tránsito por las ciudades. La recuperación económica, sin embargo, necesita del uso de medios masivos como los buses y de vehículos de carga pesada para el transporte de mercancías. Las ciudades, además, han evidenciado una enorme resiliencia a las pandemias más recientes como el brote del SARS de 2003, volviendo en corto tiempo a la normalidad. Las personas volverán a sus hábitos tras el paso de la pandemia en un periodo que va desde unas pocas semanas a dos años. En corto: se necesita mejorar las infraestructuras actuales y realizar la transición a modos de transporte masivos eléctricos.
Los buses no se irán, pero las ciudades latinoamericanas y caribeñas necesitan que la contaminación lo haga. Estudios universitarios señalan una correlación directa entre la baja calidad del aire y el aumento en las muertes asociadas a la Covid-19. Una proyección realizada por Move en cinco ciudades de la región evidenció que si se logran las metas de electrificación del 100% del transporte público, se evitarían cerca de 435.000 muertes asociadas a la contaminación del aire para 2050. Haya pandemia o no, es imperativo lograr reducciones significativas en la contaminación del aire de las urbes de la región.
Voluntad política y financiación
Se pueden identificar dos elementos claves en la transformación de los modelos de movilidad pública: voluntad política y financiación. La primera, se antoja parcialmente superada. MOVE, por ejemplo, apoya a más de 14 países en la transición hacia el transporte eléctrico con una clara visión a futuro y como una apuesta a ciudades con aire limpio. Cada una de estas naciones ha adoptado medidas para la promoción de la movilidad eléctrica y muchas de ellas se han comprometido con metas medibles de descarbonización del transporte.
En cuanto a la financiación de la transición, la situación fiscal de los países pareciera no tener la robustez deseable para emprender estrategias de gran envergadura. Según la intervención de Máñez, las necesidades de recuperación económica tras la pandemia son inmediatas por lo que las soluciones como la de la transición a soluciones de economía circular, y en especial de movilidad eléctrica, tienen que tener un despliegue rápido. El experto señaló que las estrategias como el transporte limpio, en unas economías golpeadas por la recesión, tienen que estar ajustadas a los presupuestos de cada país.
Pero la movilidad eléctrica presenta oportunidades económicas. Ciudades como Santiago de Chile evidencian la posibilidad de la reducción de costos tecnológicos por medio de rentables modelos de negocio, que hacen que la capital chilena esté en camino a cumplir la meta de la electrificación del 100% de su flota de transporte público en 2040. MOVE, además, estima que el cambio tecnológico en transporte crearía 5,3 millones de empleos en la región, con la subsiguiente dinamización que permite la entrada de estos trabajadores en la actividad económica.
La movilidad eléctrica también permitirá reducir gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles e implementar impuestos al carbono. Las prebendas tributarias a los combustibles representan un 2% del PIB regional, por lo que su desmonte implicaría un ahorro en los presupuestos nacionales que podría invertirse en otras políticas que apoyen al bienestar de la población, según expuso Máñez. Un impuesto al carbono aumentaría el recaudo de los estados además de incentivar el recambio tecnológico a modos de movilidad verde.
Los países de Latinoamérica y el Caribe, además, cuentan con acceso a fuentes no tradicionales de capitales para procurar la transición a la movilidad eléctrica. Move ha identificado fuentes alternativas para diversificar la financiación tales como fondos de inversión internacional y verdes, bancos de desarrollo y deuda concesional, que flexibilizan la adopción de planes nacionales y locales de transporte eléctrico en un escenario post pandemia.
